Pese al fallo que lo destituye e inhabilita, Gorky alcanzará a terminar su gobierno
El fallo que destituye a Gorky Muñoz y tres de sus principales alfiles, es por ahora un saludo a la bandera.
La decisión de la Procuraduría es de primera instancia y al ser apelada, no se podrá hacer efectiva hasta tanto se conozca la segunda instancia, es decir en un año o más.
“La decisión adoptada por la Procuraduría Delegada corresponde a un fallo de primera instancia, y contra ella ya interpusimos recurso de apelación, para que el superior jerárquico estudie los argumentos presentados y adopte la decisión que en derecho corresponda. La sanción de primera instancia no se hace efectiva hasta tanto se resuelva la segunda instancia por parte de la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de servidores públicos de la Procuraduría General de la Nación, por lo tanto, continuaré en el ejercicio normal de mis funciones, como alcalde, tal cual como lo he venido haciendo desde el 1 de enero de 2020”, dijo Gorky, en un comunicado emitido en las últimas horas.
El fallo de la Procuraduría afecta a Gorky y al exsecretario de Educación, Giovanni Córdoba (hoy flamante asesor de despacho) y los secretarios Camila Ortega y Armando Cabrera. Los cuatro fueron destituidos e inhabilitados para ejercer funciones públicas, 10 años para Gorky y 9 para los otros tres funcionarios. Para la Procuraduría el famoso contrato del El Charco, suministro de raciones alimenticias para el programa PAE y todos los contratos para suministro ayudas durante la pandemia, se realizaron en medio de protuberantes irregularidades que se tipifican como falta gravísima.
Recordemos que por el mismo caso la Fiscalía general de la Nación adelanta una investigación contra Gorky y sus secretarios, decisión que aun no ha sido tomada, pero que seguramente tendrá el mismo sentido que ahora le da la Procuraduría. Los términos indican que la segunda instancia deberá resolverse en 45 días, pero también advierte que, por efectos de congestión de los despachos o consecución de pruebas solicitadas, el tiempo se puede extender. Claramente la defensa de Gorky y los otros tres procesados dilatarán hasta que termine el presente gobierno.
“…Aunque siempre hemos sido respetuosos de las instituciones, sobre el fallo de primera instancia debemos manifestar que, si bien acatamos las decisiones de las autoridades administrativas, no compartimos la valoración probatoria realizada por la Delegada, dado que pasa por alto el contexto y las implicaciones que representó la Pandemia derivada del Covid-19, la Emergencia Sanitaria y el marco legal definido en la Ley 80 de 1993, para la contratación de urgencia manifiesta. En razón a ello, fue que apelamos la decisión”, dice Gorky en un comunicado emitido en las últimas horas.
Además del alcalde Gorky, responden en este proceso el jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo, Armando Cabrera Rivera, y los exsecretarios de Mujer, Equidad e Inclusión, Camila Mercedes Ortega Suárez, y de Educación, Giovanny Córdoba Rodríguez. Nos cuentan que tanto la Procuraduría como la Fiscalía tiene además los ojos puestos en Camila Mercedes Ortega Suárez, la sobrina del poco célebre exalcalde de Neiva, Pedro Suárez, quien se enriqueció en forma extraña y exagerada durante los últimos tres años. Al inicio de la administración tenía un modesto vehículo y vivía en un pequeño apartamento en el norte de Neiva y hoy habita en un exclusivo condominio del oriente y posee dos camionetas que pueden costar más de 400 millones de pesos. En su caso estarían investigando un enriquecimiento ilícito.
