Crisis en Electrohuila: Entre deudas millonarias y la sombra de la intervención

La Electrificadora del Huila ya no es la joya de la corona. La empresa, otrora boyante y codiciada tanto por trabajadores como por contratistas debido a sus excelentes resultados financieros, ha quedado relegada al pasado, víctima de la politiquería.

La situación es extremadamente compleja, al punto de que numerosas empresas se rehúsan a prestar servicios a la entidad debido a las demoras en los pagos, que alcanzan hasta los 120 días, y a las pésimas referencias de antiguos proveedores que hoy suplican el pago de cuentas atrasadas.

Tomemos algunos ejemplos: a la empresa FSG, encargada del transporte del personal en camionetas 4X4, se le adeudan $2.430 millones; a Puma, prestadora del servicio de vigilancia, $1.020 millones; a la temporal Soltempo, responsable de la nómina por prestación de servicios, $1.750 millones correspondientes a los últimos tres meses del año pasado. Además, se deben $950 millones a Producel Ingenieros, encargados de detectar fraudes, lo que revela la ausencia de control en esta crucial tarea.

Pero lo anterior no es lo más grave. Los ingresos por concepto de recaudo de los servicios de aseo (Ciudad Limpia) y alumbrado público (ESIP SAS) tampoco se han efectuado, contraviniendo los plazos estipulados en los contratos, que señalan un máximo de 45 días tras el recaudo.

Ciudad Limpia, que depositó su confianza en Electrohuila para la facturación del servicio, acumula una deuda de $6.200 millones. Por su parte, ESIP (la del Turco Hilsaca) enfrenta una deuda de $6.300 millones correspondiente a tres meses de recaudo, sin explicaciones sobre el motivo del retardo en la entrega de recursos que legítimamente no les pertenecen.

Estas cifras, que superan los $18.650 millones adeudados a solo seis de las numerosas empresas colaboradoras, revelan la profundidad de la crisis interna de Electrohuila, cuyo principal accionista es la nación a través del Ministerio de Hacienda (83,05%), seguido por la Gobernación del Huila (8,24%) e Infihuila (alcaldías del Huila) con un 6,24%.

En conversaciones con algunos proveedores, estos expresan su preocupación ante la indiferencia y sobrades del gerente general, Zamir Alonso Bermeo, y de la subgerente Administrativa y Financiera, Nika Cuéllar, quienes evaden las comunicaciones, incrementando la incertidumbre sobre el futuro de la empresa. Se rumora que la Superintendencia de Servicios Públicos, bajo presión del Gobierno Nacional, avanza en el proceso de intervención.

La politiquería ha sido identificada como el cáncer de Electrohuila, con una historia marcada por su utilización como bastión político por diferentes facciones: Primero Integración Conservadora con José Antonio Gómez Hermida, luego el clan Andrade (Esperanza y Hernán) y durante el gobierno de Duque quedó en manos de Ernesto Macías (Centro Democrático). Actualmente la entidad se encuentra bajo una administración híbrida, resultado de la mezcla extraña entre el Centro Democrático, el Partido Verde y el Pacto Histórico, con Nika Cuéllar, hija de Armando Cuéllar (Pacto Histórico), ocupando la subgerencia Administrativa y Financiera.

Recientemente, un grupo de huilenses, liderado por el gobernador Rodrigo Villalba, se reunió en Bogotá con altos funcionarios, entre ellos el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho y el director administrativo de la Presidencia de la República, Carlos Ramón González para abogar por la no intervención de Electrohuila, aunque los rumores indican que la decisión ya está tomada debido a los pésimos resultados financieros y la falta de planeación. A esto se suman denuncias por acoso laboral y otras irregularidades como el nombramiento de algunos funcionarios que al parecer no cumplen los requisitos mínimos para ocupar el cargo, caso la coordinadora de PQR, Sandra Liliana Calderón Montes, una historia que amerita mayor despliegue,  lo que dibuja un panorama desolador para Electrohuila, similar al que vive hoy  Comfamiliar, otra entidad afectada por la politiquería y que terminó siendo intervenida, con el riesgo adicional de que Electrohuila pueda ser vendida (léase privatizada) bajo la administración del presidente Gustavo Petro.

Los datos publicados dejan en evidencia la grave situación financiera y administrativa de Electrohuila y la urgencia de acciones decisivas para salvaguardar el futuro de la empresa y el bienestar de sus empleados, proveedores y claramente los usuarios que por culpa de la mala administración hoy están pagando una de las tarifas más costosas del país.