El nombre de Felipe Olave sale nuevamente a la luz pública, no como el empresario más poderoso del Huila, sino como el financiador de campañas políticas investigado por la Fiscalía por los delitos de tráfico de inmigrantes, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, entre otros.
Este empresario, conocido por su acelerado y extraño crecimiento económico (36 mil millones de pesos en 3 años) es propietario de grandes empresas, lujosos predios en Neiva, Bogotá, Bucaramanga, así como en Panamá y Estados Unidos.
Pero lo más grave para las autoridades es que Olave es el principal financiador de las campañas de Yilber Saavedra a la Alcaldía de Neiva y de Rodrigo Lara Sánchez a la Gobernación del Huila como lo confirma el portal Cuentas Claras.
Revisada la página de la Organización Electoral, figura como financiador de la campaña de Rodrigo Lara Sánchez la empresa Professional Consulting Services S.A.S., NIT 900882909-8, propiedad de Felipe Olave como se confirma en la Cámara de Comercio.
La misma empresa financia, con más capital, la campaña de Saavedra a la alcaldía de Neiva.
Entre sus “socios” también figuran varios huilenses y otras personas con vínculos con el departamento como Nayarín Saharay Rojas Téllez, ex secretaria de Hacienda de Neiva (Gobierno de Rodrigo Lara Sánchez), quien posee el 30% de las acciones de la firma Inmigración al día LLC, creada en el 2019 con un capital de 1.000 millones de pesos.
Aunque Olave asegura que su fortuna proviene de empresas dedicadas al «asesoramiento en regulación migratoria», la denuncia plantea serias interrogantes sobre la legalidad de su capital.
El abogado Mario Alejandro Valencia Trujillo presentó la denuncia ante la Fiscalía para que se investigue a Olave por delitos que incluyen tráfico de migrantes, enriquecimiento ilícito, fraude procesal y acceso abusivo a un sistema informático, entre otros.
La trayectoria de Olave se entrelaza con la de una familia reconocida en Neiva. Su hermana, Claudia Olave, se conoce en la alta sociedad como vendedora de mobiliario y elementos decorativos costosos, mientras que él se autodenomina el hombre más acaudalado, no solo del Huila, sino del sur del país.
La historia de Olave se remonta a su llegada a Estados Unidos en 1999, bajo el estatus de asilado político, alegando amenazas y extorsiones por parte de grupos guerrilleros. Con el tiempo logró regularizar su situación y obtener la residencia, lo que le brindó la oportunidad -dice él- de asesorar a otros en temas migratorios. Sin embargo, incumplimientos con algunos clientes desencadenaron denuncias que culminaron en sanciones judiciales en el estado de la Florida (Estados Unidos) en 2005.
A pesar de las prohibiciones impuestas por la justicia estadounidense, Olave expandió sus operaciones, estableciendo empresas de servicios migratorios en Estados Unidos, Puerto Rico y Colombia. Entre las compañías figuran Abogados Andrés Rivas PA., Fundación Porvenir y International Communications.
El entramado empresarial de Olave se extiende a Colombia Professional Consulting Services SAS, donde figura como único accionista, con su hermana Claudia como suplente y gerente. La empresa, inicialmente creada con un capital de 15 millones, opera en todo menos trámites migratorios, subcontratando estos servicios a firmas en Estados Unidos.
Las conexiones comerciales de Olave con abogados estadounidenses y denuncias de estafas a latinos llenan los expedientes judiciales. Las ganancias estimadas de su negocio oscilan entre 5.500 y 8 mil dólares por trámite migratorio, generando alrededor de 10 millones de dólares anuales que reposan en 7 bancos de Estados Unidos y 2 Colombia.
Pero la controversia no se detiene aquí. Existen crecientes sospechas de enriquecimiento ilícito o lavado de activos, ante un patrimonio que incluye múltiples propiedades y una suma de 36 mil millones de pesos colombianos ingresados entre 2019 y 2022.
Recientemente, Olave adquirió un lote de terreno en Neiva por 8 mil millones de pesos, un paso que subraya su creciente influencia económica en la región. No obstante, la sombra de la investigación judicial planea sobre sus acciones, mientras su participación financiera en las campañas de Yilber Saavedra y Rodrigo Lara genera nuevas interrogantes sobre los cimientos de estas candidaturas.
El escándalo que ya está en la mira de las autoridades de Colombia y Estados Unidos deja al descubierto un entramado empresarial que desafía la legalidad y cuestiona el crecimiento extraño y acelerado de un hombre que, con su capital oscuro, quiere poner alcalde de Neiva y Gobernador del Huila.